La aparición del cuerpo de Luciano Arruga, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita, luego de haber estado internado en el Hospital Santojanni, vuelve a poner en el primer plano una pregunta, eficazmente silenciada hasta ahora, por los gobiernos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires: ¿qué hace el Estado con los cuerpos de las personas cuando mueren, sobre todo de las personas pobres, desamparadas, vulnerables?

La respuesta a este interrogante puede abrirnos un campo donde se despliega, sistemática y cotidianamente, un ejercicio sutil y macabro de la violencia institucional por parte de fuerzas policiales, con la complicidad o participación de ciertos estamentos de la justicia penal.

Cometen un error los que tomaron con alivio la noticia de que Luciano podría haber muerto luego de ser atropellado por un particular, en la vía pública y no por causa directa del accionar de oficiales de la policía Bonaerense.

Los hechos develados por dos investigaciones judiciales sobre el funcionamiento de las morgues son escalofriantes. Nos referimos a las causas que llevan adelante el juez Luis Arias, en la ciudad de La Plata, como consecuencia de las inundaciones de abril del año pasado; y el juez Andrés Gallardo, sobre 4 morgues de hospitales públicos de la Ciudad (Durand, Ramos Mejía, Muñiz y Rivadavia). Dos jueces que -¡oh casualidad!- no son del fuero penal.

En ambas causas, los jueces pudieron constatar serias y groseras irregularidades: falta de registro de ingreso e identidad de los cuerpos; manipulación de cadáveres; miembros humanos desperdigados por las cámaras de frío; cadáveres en avanzado estado de putrefacción; numerosos cuerpos sin ningún registro ni de identidad, ni de causas de muerte, ni de fechas de fallecimiento o ingreso a la cámara de frío, no funcionamiento de las salas de autopsias; cuerpos de personas diferentes (incluso de bebés) identificados con el mismo nombre.” Algunas de ellas podrán atribuirse a la falta de recursos para el funcionamiento de morgues y registros, otras, a deficiencias en las normativas. Todas son funcionales a los abusos cometidos, pero no los explican ni justifican.

Como bien dice Juan Manuel Combi, abogado de la familia de Luciano, “una cosa es el problema del sistema, pero ¿qué es lo que pasa con el Poder Judicial cuando se trata de un pobre? No sólo no se trata de paliar el error del sistema sino que se agrava aún más. Es decir, no sólo no hacen lo que tienen que hacer, sino que lo que hacen lo hacen mal. Entonces obviamente que si no existe el sistema para este entrecruzamiento y el Poder Judicial no le da importancia a los pibes de los barrios humildes, imagínense que estamos en una situación en la que pueden pasar no solo este tipo de cosas sino cosas que pueden sonar aún peores”(entrevista radial en El Pulki -Sábados 9 a 11 hs. Radio Universidad Nacional de La Plata, 18/10/2014).

Este mecanismo macabro –y sus implicancias- lo describe muy bien María Soledad Escobar que, como amicus curiae, fue crucial en la investigación llevada adelante por el juez Arias: “En la morgue policial toman causas penales viejas o defunciones viejas y solicitan a la fiscalía el oficio para poder inscribir nuevamente esta defunción en el Registro de las Personas, y así se obtienen dos licencias de inhumación para la misma persona. En un caso se entierra a la persona correcta y en el otro a alguien que no sabemos quién es, con el agravante de que los testigos son empleados de la morgue. La pregunta que nos hacemos es: ¿ese mecanismo fue utilizado para enterrar víctimas de la inundación con identidad falsa, para enterrar víctimas de gatillo fácil de zonas de bajos recursos o para enterrar personas que quieren matar? Las posibilidades son todas.” (Página 12, Suplemento Las12, 28/3/2014).

La situación se torna más preocupante al analizar la reacción coincidente de los gobiernos de Mauricio Macri y de Daniel Scioli ante estas causas: negar las evidencias, dilatar pruebas, obstruir la investigación, proteger a los funcionarios administrativos, policiales y sanitarios involucrados, denunciar penalmente a los jueces. En el caso de la provincia, la justicia penal se sumó activamente a este encubrimiento, como una manera también de protegerse ya que muchas de estas irregularidades sólo son posibles si cuentan con la participación de funcionarios judiciales.

Se olvidan que los cuerpos hablan, y que el cuerpo de Luciano, como antes los cuerpos de los desaparecidos por la Dictadura Militar, nos va a decir mucho sobre esta manipulación, sistemática y selectiva, de los cuerpos de nuestros muertos.

Nota: este artículo fue publicado en mi columna semanal del sitio nuevaciudad.info el 22/10/2014.