Esta semana presenté junto a Margarita Stolbizer y Manuel Garrido una demanda ante la Justicia nacional electoral para que se suspendiera durante las campañas electorales de las PASO y de las generales, la emisión de publicidad oficial tanto del gobierno nacional como la que hacen los gobiernos provinciales a favor de un candidato en particular (casos de Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis).
No sabemos qué dirá la Justicia. En 2013 rechazó un pedido similar efectuado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), alegando que si bien reconocía que existía un problema de desequilibrio en la competencia electoral a favor de las fuerzas que estaban gobernando, era el Congreso nacional el que debía resolverlo. Sin embargo, han pasado ya 2 años y el parlamento no hizo nada. Al contrario, el oficialismo nacional se encargó de bloquear toda propuesta de solución.
De cualquier manera, los argumentos a favor de nuestro pedido son muy sólidos y están respaldados por una interpretación armónica y objetiva de la ley electoral sancionada en 2009, que estableció saludables límites al financiamiento de los partidos políticos durante las campañas electorales.
Brevemente, hay dos indicadores que son claves para saber si un gobierno está utilizando la publicidad oficial con fines proselitistas: la emisión de avisos que contienen elementos que buscan captar el voto de los ciudadanos o promocionar a un candidato de la fuerza de gobierno; y el crecimiento exponencial de los fondos públicos destinados a publicidad oficial durante este período. Ambas situaciones se dan objetivamente en los casos planteados, de diferentes formas. El recurso más utilizado últimamente es el del candidato (Scioli, Macri, de la Sota) en rol de locutor y protagonista del aviso a tal punto que importa más su presencia que el tema que motiva el anuncio.
A nivel internacional la tendencia también es a limitar la publicidad oficial, sobre todo en períodos de campaña. A nivel local existen numerosos estudios tanto de organismos oficiales como de organizaciones de la sociedad civil, que demuestran la urgencia de poner un límite al uso de la publicidad oficial como un instrumento de campaña de los gobierno de turno a favor de sus candidatos.
De hecho, la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano acaban de lanzar una campaña pidiendo que los gobiernos dejen de hacer publicidad oficial como parte de sus campañas electorales.
http://www.publicidadilegal.org
En 2011, Julia Pomares y María Page del CIPPEC realizaron un estudio sobre el proceso electoral de ese año en el que constataron que “alrededor de la mitad de los avisos de publicidad oficial emitidos a nivel nacional correspondieron a anuncios de bien público (por ejemplo, sobre donación de órganos) mientras que un 40%, a promoción y difusión de acciones de gobierno o programas de alcance colectivo, estos últimos con gran potencial de influencia electoral (por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo). Este tipo de contenido viola lo dispuesto por el artículo 64 quáter del Código Nacional Electoral”.
En cuanto al gasto, CIPPEC nos dice que “el gasto del Poder Ejecutivo Nacional en publicidad oficial, según datos de un informe elaborado por Martín Becerra para Poder Ciudadano (2011), aumentó de forma considerable en la última década (de 16 millones de pesos en 2000 a 1224 millones en 2010). Esta situación manifiesta el desequilibrio en la implementación de la Ley 26.571 a favor del partido de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.” Recordemos que el informe de Becerra analizaba tanto el desempeño del gobierno nacional como el de los gobiernos de Daniel Scioli y Mauricio
Macri, siendo éste último el que más había aumentado el gasto en este rubro.
Finalmente, un informe de la Auditoría General de la Nación del año 2013 demuestra “que en los ejercicios en los que tuvieron lugar procesos eleccionarios, a saber 2007 y 2009, existe un incremento de la inversión en el mes correspondiente a la fecha prevista para los actos electorales. En este sentido, en octubre del año 2007, se advierte un aumento de la inversión en publicidad oficial de $9.423.431 con respecto al promedio mensual resultante. Por su parte en el mes de junio de 2009 surge un incremento de $98.289.720 con relación al promedio mensual correspondiente. Los incrementos antes descriptos representan, respectivamente, el 2,47% y el 11,96% del monto total erogado en cada uno de los ejercicios previamente referidos.”
En el ámbito regional, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en su Informe del año 2010 (Capítulo V) sostuvo que “la información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada para fines distintos de la comunicación legítima y no discriminatoria con el público. Tampoco deben inducir a confusión con los símbolos, ideas o imágenes empleadas por cualquier partido político u organización social, y deberían identificarse como publicidad oficial, con mención expresa del organismo promotor de la misma. La publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses, ni debe ser utilizada para la estigmatización de sectores opositores o críticos del gobierno.”
La paradoja es que, en este escenario, la prohibición de que los partidos políticos no puedan recurrir al financiamiento privado para hacer publicidad en radio y televisión, durante las campañas electorales, termina funcionando como una mordaza para las fuerzas políticas que no son gobierno ya que deben conformarse con los minutos gratuitos de publicidad que les otorga la ley electoral, mientras los partidos de gobierno pueden financiar con recursos públicos una campaña paralela a favor de sus candidatos, sin ningún tipo de limitaciones.
Tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri, hacen desde sus gobiernos, uso y abuso de esta práctica lesiva para el funcionamiento democrático. Es difícil pensar que si llegaran al sillón de Rivadavia fueran a cambiar por propia voluntad. De ahí que es tan importante que la Justicia electoral ponga un freno concreto -ya, ahora- a esta mala costumbre, obligando a todos los oficialismos a limitar al mínimo indispensable la publicidad oficial en tiempos electorales.
(Esta nota fue publicada en el portal www.nuevaciudad.info el 17/07/2015).
