Uno de los puntos críticos de estos 7 años de gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires ha sido, sin lugar a dudas, su política de vivienda, tanto para los sectores medios como para los bajos y vulnerables.

Sistemática subejecución del presupuesto del área, lanzamiento de planes de acceso a la vivienda con mucha publicidad pero escasos recursos efectivos, políticas de uso del suelo que fomentan el aumento de su valor y la apropiación privada de esa mayor renta, recursos públicos orientados al desarrollo de vivienda de lujo y no a la mejora de la infraestructura social en los barrios carenciados y vulnerables.

Resultado: boom de la construcción de vivienda de lujo, aumento de la cantidad de inmuebles desocupados y aumento de la cantidad de familias que no son propietarias de su vivienda.

Se nos podrá decir que las causas que originan estos resultados trascienden las fronteras de las políticas locales. Es cierto. En parte. Que los pocos argentinos con capacidad de ahorro tengan como mejor opción para conservar el valor de su dinero la inversión en ladrillos, sin importar incluso la renta que obtengan, es una realidad que excede a una gestión local. Al mismo tiempo, esa realidad da vida y vigor a un “mercado inmobiliario” autónomo de las demandas de la población local. Ahora bien, la gestión local puede optar por aceptar e incluso fomentar esta situación (gestión del Pro) o, por el contrario, ponerle límites y tratar de sintonizarla con las necesidades de la población.

Paradójicamente, en este rubro no se trata de exigir un rol más activo del Estado porque ya tenemos un Estado hiperactivo, solo que orientado a satisfacer los intereses de ese mercado inmobiliario y no los intereses de la población. De lo que se trata, entonces, es de redireccionar ese activismo del Estado. ¿Cómo? Con una batería de medidas cuyos ejes centrales son recuperar al Estado como un actor central (no ya un facilitador) del mercado y priorizar la política de vivienda en la asignación de recursos presupuestarios.

La premisa es simple: si grupos privados como IRSA intervienen en la fijación del precio del suelo y de esta manera condicionan el desarrollo de buena parte de la política urbana sobre la materia, por qué el Estado no va a poder intervenir no solo como regulador sino también como actor. Diría más, está obligado a jugar ese papel para no quedar a merced de los intereses y prioridades de estos actores privados, que, como vimos, no están enfocados en atender la demanda de vivienda de los que habitamos la Ciudad.

Por esto es que criticamos muy fuertemente los proyectos impulsados por el gobierno nacional en las tierras ferroviarias de Caballito, Palermo y Liniers y en la Isla Demarchi; y Solares de Santa María del mencionado Irsa, que ha sido impulsado por el gobierno de la Ciudad.

Este cambio de rol del Estado debe ir acompañado de un activo involucramiento de los sectores sociales demandantes de vivienda. Y de un redireccionamiento de la inversión de los pequeños y medianos inversionistas en proyectos que atiendan estas necesidades.

Estamos pensando no solo en los sectores carenciados, que tienen una larga experiencia en organizarse en demanda de mejoras de su vivienda (las leyes de urbanización de villas es un claro ejemplo de ello), sino también en los sectores medios, en los trabajadores y sus organizaciones sindicales, en los jóvenes. Hoy todos estos sectores son actores pasivos o marginales. En este sentido, figuras como el fideicomiso social o las cooperativas de vivienda que tanto éxito han tenido en Uruguay (e incluso aquí –el Hogar Obrero, por caso), son vías interesantes para explorar.

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el Estado pueda garantizar el goce de este derecho no solo a través del acceso a la propiedad de la vivienda. Políticas de fomento del alquiler social o la creación de una Oficina pública de Alquileres, con la participación de propietarios privados que ofrezcan sus viviendas en este sistema, pueden ser medidas eficaces para atender la demanda de sectores jóvenes.

En definitiva, más allá de enumerar las diferentes políticas públicas que se pueden instrumentar, alguna de las cuales incluso podrían parecer similares a las que publicita el gobierno del Pro, lo importante es resaltar el cambio de paradigma que se debe dar si queremos obtener resultados diferentes a los que las políticas actuales han dado. Desde ya, no hay soluciones mágicas. El camino es largo y difícil. Es hora de cambiar.

(Esta nota fue publicada en el portal www.nuevaciudad.info el 14/01/2015).